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Archivo de la policía de Guatemala bajo amenaza

El repositorio de evidencias históricas sobre derechos humanos enfrenta medidas enérgicas del gobierno

© Misty Keasler

Washington, D.C., 13 de agosto de 2018— El reconocido Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN) se encuentra en crisis luego de que su director Gustavo Meoño Brenner fue removido abruptamente en una de varias acciones recientes orquestadas por el gobierno guatemalteco y una oficina de Naciones Unidas.  Las acciones también colocaron al resto del personal del AHPN, más de 50 personas, bajo contrataciones temporales, y transfirieron la supervisión del repositorio de los archivos nacionales del país, en donde había funcionado desde el 2009, hacia el Ministerio de Cultura y Deportes.

Meoño se enteró de su remoción el viernes 3 de agosto cuando un convoy de vehículos del gobierno se detuvo frente al Archivo de la Policía, y funcionarios del Ministerio de Cultura y de la oficina en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ingresaron, demandando su salida.  “El operativo se realizó con todas las características de una operación comando”, reportó un medio de prensa.

El cambio inesperado amenaza con poner en peligro la estabilidad de la enorme colección de documentos frágiles de la Policía Nacional contenidos en el AHPN.  Desde su descubrimiento en un estado de abandono y deterioro en una base de la policía de la Ciudad de Guatemala en el 2005, cientos de voluntarios y otros empleados contratados han pasado por el AHPN bajo el liderazgo de Meoño, para limpiar, organizar, digitalizar y hacer públicos más de veinte millones de páginas de los 8 kilómetros lineales estimados, de registros en papel.  Una empleada del PNUD, sin ninguna experiencia en manejo archivístico, ha sido nombrada para reemplazar a Meoño como director.

Históricamente el PNUD jugó un papel importante en la creación del Archivo de la Policía.  Su oficina en Guatemala administró millones de dólares en donaciones otorgadas al AHPN por gobiernos extranjeros y las Naciones Unidas.  La oficina proporcionó asistencia técnica,  política y apoyo administrativo.  Fue un aliado del AHPN muchas veces durante varios períodos difíciles en el curso del crecimiento del archivo y su desarrollo.

Sin embargo, en un comunicado de prensa publicado el domingo posterior al despido de Meoño, el PNUD no explicó su decisión de expulsar al director de tanto tiempo,  más allá de afirmar que su contrato había finalizado y que no sería renovado.  El comunicado está escrito en un lenguaje poco fuerte, burocrático, que no proporciona planes detallados sobre el manejo futuro del Archivo de la Policía, mas que asegurar que será “fortalecido en su institucionalidad y sostenibilidad”.

Para el National Security Archive, la remoción abrupta de Meoño, la decisión del cambio de supervisión del AHPN fuera de la cuidadosa  gestión de Anna Carla Ericastilla –directora del Archivo Central de Centro América en Guatemala – hacia el inexperto Ministerio de Cultura y Deportes, y el rechazo del PNUD para proveer de contratos razonables de trabajo a las docenas de miembros del personal por largo tiempo, son cambios profundamente preocupantes.

El National Security Archive tiene una relación con el Archivo Histórico de la Policía que se remonta a los inicios del AHPN.  Kate  Doyle y Carlos Osorio del Archivo,  tuvieron el privilegio de visitar el lugar del masivo Archivo Policial solo unas semanas después de que fuera descubierto en julio del 2005.  Fueron testigos de primera mano de la impresionante tarea que enfrentaron Meoño y sus colegas, para rescatar el tesoro escondido de documentación histórica que estaba pudriéndose con moho después de años de negligencia.  Doyle continuó como asesora del proyecto del AHPN, trayendo consigo a la archivista profesional Dr. Trudy Peterson quien condujo la asesoría inicial de la colección, y luego trabajó con el AHPN en el desarrollo de habilidades de investigación para poder identificar evidencias de abusos a los derechos humanos.  Hoy, Doyle se desempeña como miembro del Consejo Consultivo Internacional.

En el 2010 Doyle participó como testigo pericial en el primer proceso criminal sobre derechos humanos en Guatemala que presentó registros del AHPN como evidencia legal en el enjuiciamiento. El juicio de dos ex agentes de la policía por la desaparición forzada del líder sindicalista Edgar Fernando García, y un segundo juicio en el 2013 de sus superiores – incluyendo el ex jefe de la Policía Nacional guatemalteca, Coronel Héctor Bol de la Cruz – representaron un progreso en la justicia sobre derechos humanos en Guatemala.  Bajo el liderazgo de Meoño, el extraordinario trabajo del Archivo Histórico de la Policía Nacional hizo posible esos juicios y muchos otros subsiguientes.

En efecto, es posible que las contribuciones cruciales del AHPN en los juicios de derechos humanos haya sido lo que causó que el gobierno del presidente Jimmy Morales buscara el control del repositorio y el despido a su director.  Además del caso de Fernando García  los registros del AHPN jugaron un papel central en los juicios contra ex oficiales militares y policiacos por la quema mortal de la Embajada de España en 1980, y el secuestro, tortura y violación en 1981 de Emma Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano de 14 años Marco Antonio, entre otros.  Los documentos del AHPN también constituyen el corazón de la evidencia en la investigación del juicio pendiente sobre “Diario Militar”, que constituye la desaparición forzada masiva de casi 200 ciudadanos en el curso de 18 meses en el punto álgido del conflicto interno.

Esos casos, junto con el juicio por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt en el 2013,  enfurecieron a la poderosa inteligencia militar y a los oficiales operativos que estaban detrás de las campañas de contrainsurgencia de tierra arrasada de los años 80s. Han buscado acosar, intimidar y acallar a las organizaciones de derechos humanos y pro justicia, que han contribuido con los enjuiciamientos desde entonces.  El propio presidente Morales ha atacado al cuerpo de investigación internacional que ayudó a fortalecer los enjuiciamientos por derechos humanos y a combatir la corrupción, conocida como CICIG.  Desde que asumió el poder, el gobierno de Morales y el Congreso y su partido han intentado acallar a la CICIG y expulsar a su comisionado Iván Velásquez, sin éxito.

Así que es posible que las medidas enérgicas del gobierno sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional sean otro esfuerzo para detener el proceso de justicia por derechos humanos en Guatemala y de castigar a sus defensores. Lo que todavía no está del todo claro es por qué una agencia de las Naciones Unidas se está uniendo a ese esfuerzo.

Desde la destitución de Gustavo Meoño, amigos del Archivo de la Policía –entre ellos grupos de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos, abogados, organizaciones religiosas, y colaboradores internacionales – se han unido para exigir una explicación por las acciones precipitadas e injustificadas tomadas por el PNUD y el gobierno de Guatemala.  La semana pasada ellos publicaron un comunicado exigiendo respuestas de esas dos entidades, y demandando que los documentos del AHPN sean protegidos, se continúe con el trabajo investigativo, y se reactiven sus Consejos Consultivos para que apoyen a guiar al Archivo de la Policía en el período venidero.

El National Security Archive se suma a nuestros colegas de Guatemala e internacionales en la demanda por una aclaración de las recientes novedades por parte del gobierno y del PNUD.  El valioso contenido del Archivo Histórico de la Policía Nacional debe ser protegido y continuar al servicio de las causas de derechos humanos, rendición de cuentas y justicia en Guatemala.