Invisible, silenciado y casi abandonado:
El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala en su vigésimo aniversario

Washington, D.C., 4 de septiembre de 2025 - Hace veinte años, un grupo de investigadores de derechos humanos en Guatemala se topó con un enorme archivo que contenía millones de registros históricos pertenecientes a la antigua y brutal fuerza policíaca nacional del país. Con el respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos del gobierno, el financiamiento de fundaciones y embajadas, y con el apoyo de asesores internacionales, incluyendo el Archivo de Seguridad Nacional, el grupo logró rescatar los archivos en proceso de descomposición, abandonados en una bodega hacía mucho tiempo, para convertirlos en el mayor repositorio público de registros policiales de Latinoamérica. Desde entonces, el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) ha sido fuente de asombrosas revelaciones sobre el papel de las fuerzas de seguridad guatemalteca en algunas de las peores violaciones de derechos humanos documentadas durante los 36 años de conflicto interno del país (1960-1996), incluyendo asesinatos políticos, secuestros, tortura y desapariciones forzadas. En el camino, se convirtió en un modelo para los sitios de memoria histórica en todo el mundo gracias a los determinantes esfuerzos de los guatemaltecos por apropiarse de su historia y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Pero avanzando hasta hoy, el célebre archivo policial de Guatemala es solo una sombra de lo que fue: una institución vacía que opera a niveles drásticamente reducidos, con poco contacto con el público al que se supone debe servir. La escalada de autoritarismo que sumió al país durante la última década permitió que ideólogos corruptos de derecha utilizaran el sistema judicial como arma contra jueces y fiscales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas ambientales, entre otros. El AHPN, vinculado desde hace tiempo a la lucha por la justicia transicional y la memoria histórica, se convirtió en víctima de la intensa hostilidad gubernamental.

Dos décadas después del descubrimiento del AHPN, el Archivo de Seguridad Nacional presenta un informe de hallazgos luego de dos visitas de campo realizadas en 2023 y 2025 sustentadas en años de experiencia y participación con el AHPN y en las iniciativas de memoria histórica en Guatemala. Mediante un análisis de las condiciones actuales del archivo policial, esperamos dar una luz sobre la supresión de la memoria histórica en la región y hacer un llamado a la comunidad internacional para que proteja y apoye a estas instituciones.

Hace veinte años

Cuando se descubrió el Archivo Histórico de la Policía Nacional en julio de 2005, en Guatemala había transcurrido casi una década desde la firma de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a más de 30 años de insurgencia armada y violenta represión estatal. En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que el 93 % de los abusos documentados contra los derechos humanos fueron cometidos por fuerzas militares, policiales o paramilitares guatemaltecas, y que unos 200,000 civiles desarmados fueron asesinados o desaparecieron durante una campaña gubernamental sostenida de contrainsurgencia que derivó en genocidio.[1] Pero, aunque la guerra había terminado, aún quedaba mucho trabajo por hacer para impulsar el reconocimiento y la reconciliación nacionales, exigir responsabilidades a los perpetradores y crear un nuevo consenso posconflicto sobre lo sucedido.

Las fuerzas de seguridad del país se habían negado a participar en el proceso de la comisión de la verdad y habían negado a los investigadores el acceso a los archivos gubernamentales. Entonces, el descubrimiento de una enorme bodega abandonada que albergaba un siglo de registros policiales en los terrenos de una base policial en funcionamiento en el centro de la Ciudad de Guatemala representó una oportunidad significativa e inesperada para penetrar una de las instituciones más opacas del país y a la vez contribuir a la justicia para sus numerosas víctimas. Bajo el liderazgo de Gustavo Meoño Brenner, exlíder guerrillero, un equipo de docenas de personas trabajaron para limpiar, organizar y escanear los documentos, convirtiendo los espacios oscuros y descuidados de la base en un hervidero de actividades y promesas. El proyecto procesó y digitalizó millones de registros y abrió sus puertas a los investigadores, al momento en el que una cantidad significativa de estos registros estuvo disponible para su consulta varios años después.

El descubrimiento del archivo policial en 2005. Crédito: Prensa Comunitaria

Con el paso de los años, el AHPN creció y prosperó. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) distribuyó millones de dólares en donaciones de otros países y organizaciones internacionales para apoyar el proyecto, que operaba sin financiamiento gubernamental. Miles de visitantes guatemaltecos e internacionales, incluyendo funcionarios gubernamentales y dignatarios extranjeros, recorrieron sus edificios. El archivo publicó informes exhaustivos de investigaciones en sus fondos, recibió a estudiantes, profesores y periodistas, y organizó conferencias. También se convirtió en un importante espacio de memoria y reconciliación, albergando eventos culturales y ceremonias interreligiosas, invitando a la comunidad a pintar murales en los muros circundantes y ofreciendo espacio para una escultura monumental llamada el Ángel de la Paz y la Concordia.

Amenazas crecientes

El archivo entró en una nueva etapa cuando los fiscales guatemaltecos emprendieron una extraordinaria serie de juicios penales en materia de derechos humanos y, por primera vez, pudo recurrir a los registros policiales oficiales como evidencia penal. En 2009, el AHPN identificó documentos que apuntaban a la participación policiaca y militar en la desaparición forzada del activista laboral Edgar Fernando García en 1984, lo que condujo al arresto y posterior condena de dos expolicías. Muchos otros juicios posteriores también se basaron en los archivos del AHPN como prueba, incluyendo procedimientos contra altos oficiales policiales y militares por su papel de mando en la desaparición de Edgar Fernando, el incendio de la Embajada de España en 1980, el secuestro y tortura del estudiante Edgar Enrique Sáenz Calito en 1981, y el asesinato de sacerdotes belgas a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. La disposición de Guatemala para llevar a los responsables ante la justicia, y el papel que desempeñó el archivo policial en las investigaciones criminales, fue una inspiración para países de América Latina y del mundo.

Detienen al ex policía Héctor Roderico Ramírez Ríos acusado de detención ilegal y desaparición forzada en 2009. Crédito: Prensa Libre

Pero la creciente visibilidad del archivo, así como sus contribuciones a los juicios de derechos humanos, enfureció a los poderosos sectores ultraconservadores de Guatemala, entre ellos militares retirados y a las élites empresariales adineradas. Tras la victoria presidencial de Jimmy Morales, el candidato favorito de la derecha política, en 2016, el gobierno buscó activamente frenar los avances en la reforma judicial, las iniciativas anticorrupción y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. La principal cómplice de Morales fue su fiscal general, María Consuelo Porras, a quien nombró en mayo de 2018.[2] Desde que asumió el cargo, Porras ha acosado, vigilado, procesado y encarcelado a decenas de defensores de derechos humanos, investigadores anticorrupción, activistas indígenas, abogados, fiscales, jueces y periodistas. Su actuación le valió la designación del Departamento de Estado de Estados Unidos como "actora corrupta y antidemocrática" en 2021 y las sanciones impuestas por Estados Unidos y Gran Bretaña en 2025.

Guatemala no es el único país donde los archivos y las labores de documentación de derechos humanos se encuentran bajo ataque directo o sufren actos de negligencia deliberada. En todo el continente americano, a medida que las democracias se debilitan y los líderes autoritarios ascienden al poder, ha surgido un nuevo antagonismo hacia las personas y organizaciones que construyen y preservan narrativas de la represión y la violencia estatal del pasado. La negación de historias incómodas ha llevado al abandono generalizado de las iniciativas de memoria histórica: mediante el cierre de archivos, la destrucción de documentos, nuevas limitaciones al derecho a la información y la censura de diversas historias. Algunos ejemplos incluyen la decisión del presidente Javier Milei de retirar la financiación a los sitios de memoria que contienen registros de la guerra sucia de Argentina (1976-1983); las amenazas a los archivos de derechos humanos peruanos por parte de políticos de derecha que buscan reescribir la historia del país; la decisión de México de modificar su ley de libertad de información para ampliar la capacidad del gobierno de negar el acceso público a sus registros; y la eliminación de información de las exhibiciones públicas sobre las luchas por los derechos civiles en los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

A medida que el gobierno de Guatemala intensificó sus ataques contra la justicia y los derechos humanos, el archivo policial pronto se convirtió en un blanco. En 2018, el director del AHPN, Gustavo Meoño, fue destituido de su cargo. Inmediatamente se exilió; durante años, había sido objeto de denuncias infundadas presentadas por figuras de la derecha y temía por su libertad.[3] Decenas de empleados, desde archivistas hasta investigadores, expertos en informática y personal de acceso público, fueron despedidos y sus contratos no fueron renovados. Se ordenó al PNUD que se retirara de su función administrativa, lo que puso fin a la semi autonomía del archivo y lo convirtió en una entidad dependiente del gobierno federal.[4] En 2019, el ministro de Gobernación de Morales, Enrique Degenhart, amenazó con confiscar el AHPN del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) y devolver sus fondos a la reconstituida Policía Nacional Civil.

Esto no ocurrió, en gran medida gracias a la presión de organizaciones guatemaltecas de derechos humanos, la sociedad civil y aliados internacionales. En respuesta a una petición legal del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, para proteger el AHPN, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió en 2020 que el archivo pertenecía al patrimonio cultural de la nación y debía ser supervisado por el MICUDE, no por el Ministerio de Gobernación. Igualmente importante, la Corte ordenó al MICUDE garantizar que la institución contara con los recursos financieros, administrativos y humanos necesarios para continuar la labor de procesar los archivos, preservarlos, protegerlos y hacerlos accesibles al público.

En cierto sentido, la resolución ratificó el intento del gobierno de "institucionalizar" el archivo policial al incorporarlo al sistema nacional de archivos del país, dependiente del Ministerio de Cultura. Y no era ilógico considerar la transición natural, ya que debería haber ofrecido un modelo más sostenible para el futuro.[5] Pero, en realidad, la pérdida de la independencia especial del AHPN lo dejó vulnerable a las maquinaciones políticas y burocráticas que rápidamente socavaron su capacidad para funcionar al extraordinario nivel que había alcanzado durante 13 años.

El procesamiento de los registros del archivo policial en 2007. Crédito: Harper's Magazine/Misty Keasler

El declive del AHPN

Para cuando la Corte Suprema emitió su resolución, un segundo gobierno conservador, bajo la presidencia de Alejandro Giammattei, había asumido el poder en Guatemala. Si bien el Ministerio del Interior abandonó sus esfuerzos por recuperar el archivo policial, su administración practicó una negligencia extrema, permitiendo que el AHPN se marchitara. Siguiendo los pasos de su predecesor, el gobierno de Giammattei continuó recortando el presupuesto del archivo, reduciendo drásticamente su personal a tiempo completo y restringiendo su visibilidad pública. Académicos externos reportaron dificultades para organizar visitas de investigación; como resultado, el número de usuarios anuales se desplomó. En 2023, un grupo de defensores del AHPN realizó un análisis sistemático y detallado del impacto de las acciones del gobierno en las funciones del archivo. Este grupo, integrado por miembros de la Asociación en Guatemala de Amigos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), utilizó la resolución de la Corte Suprema del 2020 para comparar el AHPN anterior al 2018 -año en que despidieron al director Meoño y cesaron al personal- con el archivo del 2023, cuando se emitió el informe.[6]

Los autores encontraron un incumplimiento casi generalizado de las órdenes de la Corte. Su estudio —titulado “Archivo Histórico y Sitio de Memoria: Seguimiento al cumplimiento de la sentencia 1281-2019 de la Corte Suprema de Justicia sobre a la protección y funcionamiento del AHPN”— concluyó que el AHPN estaba fallando en cumplir con sus obligaciones de procesar los registros y garantizar el acceso público a la colección. Entre los hallazgos más destacados del informe:

-- El presupuesto del AHPN pasó de un promedio de Q8 millón al año en el período 2016-18, cuando aún se permitía la contribución de donantes internacionales, a un promedio de Q126,000 al año en el período 2019-22 tras la toma de posesión del gobierno guatemalteco (pp. 13-14).

-- El gobierno ha despedido a empleados del AHPN a un ritmo constante, dejando cada vez menos personal para realizar las numerosas tareas necesarias para el funcionamiento de la institución. En 2017, contó con 63 personas trabajando en áreas como coordinación y administración, procesamiento de archivos, investigaciones, informática y digitalización, mantenimiento y seguridad. En 2020, contaba con 30 empleados y, para 2023, contaba con 21. El equipo de investigaciones, responsable de investigar casos de derechos humanos, entre otros asuntos críticos, fue eliminado por completo. Y el personal dedicado a responder a las solicitudes públicas de información se redujo de 11 a dos personas entre 2020 y 2022. (págs. 15-17)

-- Según el informe, todas las métricas relacionadas con las funciones archivísticas básicas del AHPN han disminuido en un período de cinco años. Al comparar las tasas de clasificación y descripción de documentos, por ejemplo, los autores del informe encontraron que en 2022 el personal logró completar el 10 % de lo logrado en 2017 (p. 24). La digitalización (escaneo de los documentos originales y frágiles) en 2022 fue inferior al 30 % de lo registrado en 2017 (p. 25). Finalmente, en cuanto al uso público del AHPN, 5794 investigadores consultaron las bases de datos del archivo en busca de información en 2017; en 2022, el número de usuarios se redujo a 574 (p. 25).

La entrada al AHPN en 2019, 2023 y 2025 (de izquierda a derecha). Crédito: Antonio González Quintana/The National Security Archive

El Archivo Histórico de la Policía Nacional en 2025

En la sección final de esta publicación, la analista senior Kate Doyle, quien durante años se desempeñó como asesora internacional del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y su colega analista Claire Dorfman informan sobre las condiciones dentro del AHPN con base en dos visitas in situ realizadas en 2023 y 2025.

En ambos viajes, realizamos un recorrido por las instalaciones, consultamos documentos en la sala de investigación pública, y realizamos extensas entrevistas con empleados actuales y anteriores, funcionarios gubernamentales, e investigadores de derechos humanos. Para este informe, describimos nuestra visita en marzo de 2025, con el fin de brindar la información más actualizada.

Nuestro primer desafío fue programar una visita. El AHPN ya no cuenta con un sitio web para consultar ni un número de teléfono al que llamar. Tras encontrar la página de Facebook del Archivo General de Centro América (AGCA), escribimos un correo electrónico a la oficina principal (agcasecretaria@yahoo.com) y nos dirigieron a la actual coordinadora del AHPN, Ulda Castillo. Ulda amablemente aceptó darnos un recorrido por el archivo y permitirnos hablar con el personal sobre su trabajo.

El segundo reto fue encontrar el edificio.

Kate ha visitado el AHPN innumerables veces desde su descubrimiento en 2005. Pero recientemente, la entrada se cambió de su antigua ubicación en la Avenida Pedrera, en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala. La nueva entrada sigue estando en la Pedrera, pero no hay dirección oficial, ni número, ni letrero en la avenida que indique adónde ir.

Vista aérea de la entrada en 2025, enviada a los analistas por la coordinadora del AHPN, Ulda Castillo.

Hay, como descubrimos tras caminar por la avenida durante 10 o 15 minutos, una puerta azul que da a un estacionamiento de tierra lleno de autobuses policiales. Pasamos junto a los autobuses, junto a un perro desaliñado que dormía al sol, hasta llegar a un edificio largo y bajo que pertenece al Departamento de Investigaciones y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), que ahora tiene el viejo letrero del AHPN atornillado al techo. El sendero que lleva a la puerta principal del archivo recorre todo el edificio, junto al colorido mural pintado hace años por artistas de la comunidad, ahora sucio y deteriorado.

El recorrido por el campus de la Policía Nacional hasta el AHPN en 2025. Crédito: The National Security Archive

Mostramos nuestras identificaciones a un par de policías afuera y luego entramos por la antigua entrada del AHPN, ahora vacía. Es difícil reconciliar el espacio con el archivo policial de antaño: ya no hay bullicio de personal, ocupado atendiendo a visitantes o trabajando en sus escritorios. Ulda nos recibió y nos acompañó a través de la puerta marcada "Solo personal autorizado" para hablar con los empleados del archivo. Donde antes había docenas de personas trabajando con los documentos, caminamos por pasillos vacíos, pasando por oficinas vacías. Solo 17 personas trabajan aquí ahora, incluyendo a los cuatro guardias de seguridad, un mensajero y una persona de limpieza, dejando a 11 personas para realizar el verdadero trabajo del archivo policial.

Pasillos vacíos dentro del archivo en 2025. Crédito: The National Security Archive

Dos personas trabajan en la limpieza y conservación de documentos. Ulda nos contó que recientemente habían terminado de preparar los expedientes policiales del departamento de Huehuetenango y que estaban listos para consultar. Ahora revisan pilas de documentos de Baja Verapaz.[7]

Siguiendo por el pasillo, pasando por las puertas marcadas como "Restringido", entramos al espacio de trabajo dedicado a las investigaciones, donde hay solo una persona asignada para consultar el sistema de registros en respuesta a las solicitudes de información. Es la última empleada que queda de la época de Gustavo Meoño y es la única persona competente para ayudar a los investigadores visitantes a navegar por la anticuada base de datos del AHPN en busca de documentos. En su escritorio hay un grueso archivo de cartas del Ministerio Público (MP), cada una con múltiples solicitudes de información. Nos contó que reciben entre 10 y 12 cartas solicitando información del MP cada día y están obligados a responder en un plazo de diez días.[8] Dijo: "Es mucha responsabilidad, tengo que responder a todas las solicitudes". Aunque ella es la única persona en el archivo completamente calificada para realizar investigaciones, a veces otros empleados tienen que dejar lo que están haciendo y ayudarla debido a la grave escasez de personal.

Ulda nos dijo: "¡Estamos tan abrumados que incluso Paty, la persona de la limpieza, nos ha ayudado a buscar e investigar para poder responder a estas solicitudes!".

Pasamos al área de escaneo, donde cuatro personas estaban inclinadas sobre cuatro máquinas. El encargado de digitalización nos hizo una breve demostración de su trabajo; los documentos que escaneaba eran cables deteriorados de la década de 1960, muchos carcomidos por insectos. Nos explicó que normalmente hay cinco personas escaneando todo el día, pero que al quinto empleado se le había asignado temporalmente el papel de fotógrafo para nuestra visita y nos acompañaba de sala en sala, tomando fotos que presumiblemente serían enviadas a los altos mandos como prueba de la actividad continua del AHPN y de sus visitantes.

Otro empleado se encarga de la custodia documental, es decir, de llevar un registro de los archivos originales en papel y de supervisar cuándo salen del área segura donde se almacenan. Nos lleva a las estanterías, donde miles de cajas llenan los estantes metálicos. El suelo de la entrada está arrancado, dejando al descubierto un profundo agujero en la tierra y las tuberías que hay debajo. Se han colocado tablas de madera desvencijadas sobre partes del agujero para permitir el paso de la gente. «Están arreglando la plomería», explicó Ulda. Al pasar por encima del agujero irregular en el suelo, el custodio nos describió el sistema biométrico y las cámaras de seguridad que habían instalado para proteger los archivos de daños.

Nuestra última parada fue la sala de lectura pública, donde hay una docena de terminales de computadora instaladas en largas mesas para los investigadores visitantes. Dos investigadores de la Procuraduría de Derechos Humanos estaban sentados frente a las pantallas, revisando la base de datos en busca de registros. Juan Bautista era el encargado. Es un hombre cortés, de hecho, la cara visible del AHPN, que da la bienvenida a los forasteros y explica cómo presentar solicitudes o consultar la antigua base de datos "Total Image", de la que aún depende el archivo policial. La plataforma es tan compleja y poco intuitiva que Bautista a menudo necesita la ayuda del único miembro del personal que queda de antes de 2018 para guiar a los investigadores en su navegación. Por supuesto, cuando llega a la sala de lectura para ayudar a los investigadores, tiene que detenerse para responder a las crecientes solicitudes de información del Ministerio Público, lo que la retrasa aún más.[9]

Bautista nos comentó que ya muy poca gente viene al AHPN a investigar. Recuerda a un par de académicos internacionales en los últimos años: uno mexicano y el otro guatemalteco de Estados Unidos. Pero ningún investigador local viene a menos que sea del gobierno. "A veces vienen expolicías o sus familiares a buscar información personal sobre pensiones, ese tipo de cosas". Como hay tan poco que hacer en la sala de investigación, a veces ayuda a la sección de investigaciones a responder las solicitudes del Ministerio Público.

La sala de lectura pública en 2025. Crédito: The National Security Archive

Hace años, el archivo policial tenía una sólida presencia en línea a través de su bien alimentado sitio web (ahora eliminado), su constante flujo de noticias en Twitter y Facebook, y sus videos ocasionales en YouTube. Al prepararnos para salir del archivo, le preguntamos a Ulda si existía algún plan para crear una página web o una cuenta en redes sociales para el AHPN. La invisibilidad actual de la institución —su falta de presencia pública en línea y la dificultad incluso para encontrar el edificio— es claramente un enorme obstáculo para los visitantes. ¿Cómo informa el AHPN a los investigadores o comparte noticias sobre el progreso del archivo? Por ejemplo, ¿cómo difundirían la reciente digitalización del conjunto de archivos de Huehuetenango, un verdadero logro?

Ulda afirmó que el AHPN no tiene permitido crear su propia página web ni comunicarse unilateralmente con el público. Estas decisiones deben ser tomadas por el Ministerio de Cultura y Deportes o por la dirección del archivo nacional. Tampoco existe un procedimiento establecido para compartir actualizaciones sobre los avances del archivo; las personas externas se enteran de ellos por información de boca a boca, a través de visitantes que publican en sus propias redes sociales o a través de algún artículo periodístico ocasional.

A pesar de su cargo como Coordinadora del AHPN, Ulda, junto con el resto de sus colegas del archivo policial, es lo que en Guatemala se conoce como una "029", es decir, una empleada con contrato temporal, en lugar de ocupar un puesto fijo. Los contratos del archivo tienen una duración de solo tres meses y deben renovarse cuatro veces al año. Esa falta de estabilidad, incluso para el personal de mayor jerarquía —esa impermanencia e incertidumbre sobre su futuro—, explica por qué la persona que dirige las funciones diarias del archivo no tiene la autoridad para decidir si lanzar un sitio web, contactar a universidades o difundir los logros del archivo.

Cuando le dijimos a Ulda que íbamos a hablar con un funcionario del MICUDE, hizo un gesto de oración con las manos, como diciendo: «Por favor, busquen ayuda».

La lucha por los archivos, otra vez

Lamentablemente, la ayuda no está en camino. Si bien la elección del candidato moderado y prodemocrático Bernardo Arévalo como presidente en 2023 suponía un renovado enfoque en los derechos humanos, Arévalo y su administración han tenido que gobernar bajo el ataque constante de congresistas conservadores y de la fiscal general, Consuelo Porras. Entre ambos, han intentado enjuiciar al presidente 13 veces y diez veces despojarlo de su inmunidad. La lucha política en curso ha dejado huérfanas a las iniciativas de justicia transicional y memoria, entre ellas el archivo policial.

Expresamos nuestra preocupación por el AHPN durante una reunión con la Viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Laura Cotí Lux, una de las funcionarias clave que supervisa los archivos gubernamentales en Guatemala, incluso el AHPN. Ella coincidió de inmediato en que el archivo policial necesitaba más recursos para operar con eficacia. Pero el MICUDE no es propietario exclusivo de los edificios que albergan el archivo policial ni de los terrenos en los que se ubican, añadió, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de 2020. Éstos siguen perteneciendo al Ministerio del Interior.

“Las condiciones del edificio no son ideales, como vieron. Pero no queremos invertir muchos recursos en mejorar las instalaciones mientras no tengamos la garantía de conservarlas. Cada año hay más limitaciones en el espacio disponible; el AHPN se ve reducido [por la Policía Nacional Civil—PNC] a zonas cada vez más pequeñas. Cada año el territorio de la PNC se expande y nos rodea más.”

Dada la escasez de recursos disponibles para el archivo en el presupuesto federal, Cotí Lux afirmó que los donantes internacionales pueden volver a realizar donaciones directamente al AHPN; sin embargo, no observamos evidencia de una campaña activa para solicitar fondos, ni hay nadie que lidere dicha iniciativa.[10] La viceministra señaló la falta de archivistas profesionales en Guatemala como una de las razones de la escasa plantilla de trabajadores contratados, a pesar de que la era de Meoño dejó un legado de empleados del archivo experimentados y capacitados que fueron quienes rescataron el repositorio abandonado y se encargaron de la institución en que se convirtió. Durante los presidentes Morales y Giammattei, todos menos uno fueron despedidos. Cuando preguntamos por qué el AHPN aún no cuenta con un sitio web ni un programa de difusión, Cotí Lux nos respondió que es Haroldo Zamora, director del Archivo General de la Nación (AGCA), quien toma las decisiones sobre la estrategia de comunicación del archivo policial, no el MICUDE.[11]

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y Deportes han expresado su disposición a invertir nuevos recursos en el AHPN para mejorar las condiciones del archivo, pero hasta la fecha esas palabras no se han traducido en acciones concretas. El escaso compromiso del gobierno actual con la mejora del archivo policial implica que las conclusiones de la Asociación de Amigos de la UNESCO en Guatemala en su informe —escrito al final del gobierno de Giammattei en febrero de 2023— siguen vigentes hoy, 18 meses después del inicio de la presidencia de Arévalo. El AHPN necesita espacio, financiación, personal, tecnología, seguridad y mejoras de infraestructura adecuadas para su correcto funcionamiento. Necesita puestos permanentes para su estabilidad y continuidad. Y necesita que se le garantice el derecho al terreno donde se asienta y a los edificios que ocupa. (pp. 32-34)

De nuestra propia experiencia visitando el archivo, podemos añadir que la institución necesita urgentemente una dirección física, un número de teléfono y un correo electrónico para que los investigadores externos puedan contactar directamente con el AHPN. Debe contar con una entrada independiente y protegida, plazas de aparcamiento para el personal y los visitantes, y un área dedicada a eventos comunitarios. Y el Archivo General de Centroamérica (AGCA) debería facilitar de inmediato la creación de un nuevo sitio web y reabrir las cuentas de redes sociales del archivo, restableciendo así el acceso público a las publicaciones pasadas del archivo, fotografías, videos y el relato histórico de sus actividades.

El hecho de que el archivo policial haya sobrevivido años de hostilidad por parte de gobiernos anteriores y siga sobreviviendo al lento ritmo de asistencia de la actual administración es testimonio del activismo sostenido de la sociedad civil guatemalteca y de los simpatizantes internacionales. La solidaridad que la coalición de amigos del AHPN demostró a lo largo de los años al presionar a Guatemala para que preservara el archivo contribuyó a garantizar su continuidad. Pero quizás la acción más importante que los simpatizantes del AHPN pueden realizar hoy sea la más sencilla: programar una visita. Investiguen sus vastos fondos, soliciten copias de documentos, hablen con el personal, compartan su experiencia en redes sociales y exijan que el gobierno aumente los recursos del archivo policial.

El AHPN es un tesoro de la historia guatemalteca. Si bien sus circunstancias son únicas, se enmarca en un movimiento más amplio de justicia transicional, que se sustenta en una sociedad civil activa y vocal. Guatemala fue en su día un símbolo de este esfuerzo para países de todo el mundo; puede volver a serlo.

**************

Antes de irnos de Guatemala, nos sentamos a conversar con un grupo de extrabajadores del AHPN. Formaron parte de la primera generación de personas contratadas por Gustavo Meoño después de 2005 para ayudar a rescatar los enormes y deteriorados archivos de la Policía Nacional: limpiarlos, clasificarlos, escanearlos y abrirlos al público. Ninguno de ellos trabaja allí ahora. Acordamos no nombrarlos para que pudieran hablar con libertad. Pero la mayoría de sus historias estaban teñidas de nostalgia, no de amargura.

Hablaron del papel que el archivo ha desempeñado en sus vidas y carreras como archivistas e investigadores. También reconocieron la singular experiencia de contribuir al éxito de los juicios de derechos humanos a través de su trabajo en el AHPN. «Trabajar allí fue un privilegio. Cuando los documentos empiezan a hablar...», se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar. Todos asintieron.